Martín MoralesUna herramienta fundamental para analizar las diferencias entre las capacidades estatales de los gobiernos metropolitanos es el análisis presupuestario. Por esta razón, resulta crucial comprender el proceso por el cual los gobiernos municipales y la Ciudad de Buenos Aires delinean las prioridades de gasto y disponen de sus recursos.
Recursos percibidos por los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios del Conurbano durante 2016
En el último trimestre de cada año, el Poder Ejecutivo local (los intendentes en el conurbano y el Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires) envía al Poder Legislativo una propuesta de Presupuesto para el año siguiente. En ese documento se detallan: la estimación de los ingresos que estima percibir , el monto destinado a cada programa junto a los objetivos (o metas físicas) que se propone alcanzar. En esa instancia, los legisladores locales tienen la posibilidad de proponer modificaciones al proyecto antes de su votación. Una vez aprobado, el presupuesto se transforma en Ley y rige la gestión del gobierno durante los próximos 12 meses. A cada uno de los ítems (tanto a los Gastos como a los Recursos) se le asigna un crédito sancionado específico.
A lo largo de ese período el Poder Ejecutivo tiene la atribución de modificar los créditos sancionados para cada programa. De esta manera, al finalizar el año es posible observar variaciones importantes entre el Presupuesto sancionado y el Presupuesto con el que termina cada ítem. A esta categoría se la conoce como crédito vigente. Existen distintos factores que explican estas diferencias pero más allá de las necesidades y urgencias propias de la gestión es apropiado mencionar una tendencia que atraviesa a todos los presupuestos públicos desde hace años.
En las propuestas de Presupuesto suele haber cierta discrepancia entre la estimación de los indicadores macro-económicos del año entrante y lo que finalmente sucede. Un gran porcentaje de los recursos municipales está vinculado al comportamiento de la actividad económica y la variación de precios. Más en concreto, los municipios se financian en gran parte con el Impuesto a los Ingresos Brutos cuya recaudación se ve impactada por la inflación y el crecimiento económico. Por ejemplo: un Presupuesto municipal estima un crecimiento del 21% de lo percibido por este impuesto. Sin embargo, al terminar el año el municipio percibe un 30% más respecto al año anterior. Esta diferencia le permite al Poder Ejecutivo reasignar recursos de manera arbitraria. Algo semejante sucede cuando la recaudación crece por debajo de lo esperado. El Poder Ejecutivo se ve obligado a redistribuir recursos entre los créditos disponibles. Es posible que por esta razón -para tener mayor margen de maniobra- los intendentes tiendan a subestimar la proyección de crecimiento económico e impacto inflacionario.
En cuanto a los Recursos es posible diferenciar una etapa más: los recursos percibidos. Estos se refieren al dinero que efectivamente se percibe, es decir, cuando a los fondos que ingresan o se ponen a disposición del gobierno local.
