CEMEl Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) perjudica a la provincia de Buenos Aires. Se creó con el fin de favorecerla y hoy la inmensa mayoría del mismo se reparte entre todas las provincias menos a la que pretendía desarrollar. Ahora bien, así planteada la cuestión hay una víctima (la provincia de Buenos Aires) y varios victimarios (las otras provincias). Cualquier discusión que busque resolver el conflicto debe evitar caer en este tipo de planteamientos simplistas.
El FCB se creó en 1992 y se basó en el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. En paralelo, a las demás provincias se le destinó un 4 por ciento del mismo impuesto con objeto semejante, porcentaje del cual Buenos Aires quedaba fuera. Cinco años después se aprobó un tope nominal y fijo de 650 millones de pesos para el FCB. Este andamiaje legal hoy se ha convertido en una trampa. Lo que lo ha hecho aún más perjudicial para Buenos Aires es que el excedente (todo el 10 por ciento por encima de los 650 millones de pesos) no se volcó a la masa coparticipable en la que Buenos Aires hubiera recibido su parte. Esto fue así debido a que la normativa estipula que el remanente se distribuye entre las demás provincias. Así, en 2016 de los 60.000 millones de pesos destinados a infraestructura social (10 por ciento del FCB + 4 por ciento del Fondo para las demás provincias), Buenos Aires recibió sólo 650 millones.
El 1 de agosto de 2016 Buenos Aires presentó en la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional para recuperar la totalidad del FCB; también el retroactivo del último lustro. A su vez exigió ser incluida en el reparto del fondo de infraestructura social del 4 por ciento. Según la propia gobernación la demanda podría superar los 300 mil millones de pesos. A fines de noviembre, el máximo tribunal admitió la competencia originaria para tramitar la demanda y en junio pasado convocó a las provincias para que tomen intervención.
Como reacción ante esta activación de la causa, los gobernadores peronistas solicitaron una audiencia con Ricardo Lorenzetti y publicaron un documento en el que recordaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires se sigue llevando más del 60 por ciento de los subsidios del transporte, que las tarifas de servicios públicos (gas, energía, agua) que paga la población de sus provincias son mucho más altas que en el AMBA y que en los últimos dos años ha habido una concentración de la obra pública nacional en esta área, lo cual profundiza las brechas de competitividad. Inteligentemente unen el conurbano a la Ciudad de Buenos Aires, tomándolos como una sola región (recordemos que en el 2016 la gran ganadora en reparto de la coparticipación fue CABA al sumar un 3,75 por ciento).
En ese documento hay también un llamado a encauzar la discusión por la vía legislativa. En el 2016 en el Senado nacional se presentaron tres proyectos (PJ-FPV, GEN y PRO). Los tres buscan modificar la situación actual en beneficio de Buenos Aires. Difieren en los mecanismos para superarla; que fisco se ve más afectado; y cuál es el papel de los municipios. Esto va a contramano de la apuesta oficialista a que haya una resolución judicial, decisión que muestra las dificultades políticas con la que seguramente se encontrará en el ámbito legislativo.
En ese ámbito seguramente se deba sumar el papel de los intendentes. ¿El FCB es para toda la provincia o sólo para el conurbano? ¿Qué lugar ocuparán los mandatarios locales en el “nuevo” FCB? ¿Recibirán parte de esos fondos de manera directa o dependerán, una vez más, de decisiones del gobierno provincial? Estos son distritos que ya se ven perjudicados por la coparticipación provincial y que dependen en gran medida de fondos extrajurisdiccionales, tanto para realizar obras como para cubrir los gastos corrientes (los municipios del conurbano concentran alrededor de dos tercios de la población provincial y reciben menos de la mitad de los fondos coparticipables; los distritos del interior de la provincia reciben el doble de fondos por habitante que los del conurbano). Una recuperación del FCB sin participación de los gobiernos locales incrementará aún más las dependencias y desigualdades.
En síntesis, resolver la situación del Fondo del Conurbano necesita de una discusión más profunda, que supere la idea de víctimas y victimarios. Una discusión en la que se discuta realmente sobre federalismo, carga fiscal, coparticipación nacional y provincial, cuestión metropolitana, y desigualdad. Una discusión política, no jurídica.
por Matías Barroetaveña, director del CEM, y Marcos Schiavi, coordinador académico del CEM.
Publicada en Página/12
