CEMPuestos en clave de su evolución en el último año, los datos de encuestas transversales recolectados en la región metropolitana del AMBA por las cinco mediciones del Monitor del Clima Social entre diciembre de 2016 y febrero de 2018, muestran un preocupante patrón de estabilidad en niveles relativamente altos de inseguridad socio-laboral, alimentaria y económica.
Tras un ligero repunte experimentado a fines del año pasado –en buena medida imputable a la estrategia del gobierno de apuntalar el gasto público con financiamiento externo para hacer frente a los compromisos presupuestarios que imponía el calendario electoral– la última medición de la encuesta identifica un claro deterioro de todos los indicadores subjetivos (percepciones individuales) y objetivos (experiencias personales y a nivel del hogar) de inseguridad, que en la actualidad se ubican algo por debajo de los valores mínimos obtenidos cuando se inició este estudio.
Un segundo patrón, igualmente alarmante, que se aprecia sostenidamente en el tiempo es la consolidación de profundas disparidades sociales y territoriales al interior del área metropolitana. Por un lado, nuestras estimaciones señalan que las mujeres, los adultos jóvenes (en particular, la franja etaria entre 30 y 44 años), y los estratos sociales bajos y medios-bajos son quienes afirman padecer mayores niveles de inseguridades. Por otro lado, la información indica que los padecimientos más graves se encuentran localizados entre los residentes del Oeste y el Sur del segundo cordón del Gran Buenos Aires.
Este diagnóstico, por cierto esquemático, de la realidad social del área metropolitana naturalmente plantea desafíos para el gobierno nacional, pero también para la oposición. Empezando por el gobierno, quedan pocas dudas que el deterioro de las condiciones de vida de los estratos sociales más afectados se relaciona, entre otros factores, con la caída del poder adquisitivo del salario (pese a los esfuerzos del equipo económico y el encuadramiento político del Banco Central, la inflación del primer trimestre rondará el 7%); la adopción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aplicable también para los receptores de AUH y asignaciones familiares, que arroja un factor de ajuste menor que la inflación proyectada; el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos y el combustible; y las serias dificultades de la economía para generar empleo privado, a pesar de la aprobación de la reforma tributaria que promueve (en línea con la reforma laboral, de momento cajoneada) la eliminación de regulaciones y la reducción de la carga impositiva para la clase empresaria y propietaria. Imposibilitado de recurrir por mucho más tiempo al mercado de capitales, al menos al ritmo que lo venía haciendo, el gobierno enfrenta el dilema de continuar con el plan gradualista de ajuste o profundizar las políticas orientadas a reducir el déficit fiscal, tal como demanda parte del elenco económico. La restricción externa de la economía, las proyecciones de crecimiento limitado (en torno al 2,5%) para el bienio 2018-2019, y la ausencia de elecciones en el horizonte cercano, pueden habilitar esta segunda opción. Al menos hasta el nuevo segundo semestre que daría inicio a la campaña por la reelección una vez finalizado el mundial
En cuanto a la oposición, ante un paisaje de fractura social, un aumento de inseguridades socio-laborales y económicas, y una baja de expectativas futuras, el desafío que se le presenta es cómo leer este nuevo estado de situación, traducirlo y convertirlo en apoyo electoral. Al territorializar los resultados de este informe uno observa que hay dos fracciones sociales claramente perjudicadas: los sectores populares y los de clase media-baja; dos sectores que tuvieron en los últimos años comportamientos electorales divergentes. Parte sustancial de una oposición competitiva será entonces unir políticamente lo que el devenir social de siglo XXI parece haber fracturado (¿y que esta inseguridad social está camino a unir nuevamente?). Para avanzar en esa reconstrucción de lo perdido se debiera trabajar en dos planos: coordinación de liderazgos y programa de gobierno. No le queda mucho tiempo.
por Matías Barroetaveña y Germán Lodola.
