Los municipios del conurbano bonaerense muestran enormes disparidades, tanto entre sí como con el resto de las comunas de la Provincia de Buenos Aires.

En un contexto de atraso relativo considerable, el actual esquema de coparticipación tiende a poner en una situación de potencial fragilidad financiera a las administraciones municipales, en un contexto de elevadas y crecientes demandas de parte de la población.

Aún cuando en los últimos años se observa un crecimiento tendencial en las capacidades para generar recursos propios, este proceso no ha sido ni lineal ni homogéneo en cada territorio, situación que ha dado lugar a diferentes y disímiles esquemas tributarios situación que de por si, puede manifestarse como conflictiva para el desarrollo productivo.

A fin de 2017, las Provincias de Buenos Aires (PBA) confirmó su adhesión al Consenso Fiscal. Este acuerdo representará ingresos adicionales para las cuentas provinciales de unos $40.000 millones sólo en 2018 y supone una transformación estructural en la relación Nación-Provincia.

En esa oportunidad, desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) advertimos sobre la necesidad desarrollar mecanismos institucionales que eviten el uso discrecional de los fondos y prioricen la aplicación de recursos en el ámbito del Conurbano Bonaerense, dando lugar a una activa participación de los gobiernos municipales.

Lo anterior cobra relevancia cuando se tiene en cuenta que las 135 administraciones municipales en conjunto reciben sólo el 16,14% de los recursos coparticipables. De acuerdo con el presupuesto 2018 de la PBA, en este año se girarán a los municipios unos $55.910 millones en concepto de coparticipación lo que representa menos del 9% del gasto total presupuestado para toda la provincia.

 

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Juan Cuattromo


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