CEM
El 6 de junio, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se realizó una Jornada de Debate centrada en el proyecto oficial de Nuevo Código Urbanístico y su impacto social, económico y cultural.
El proyecto, elevado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se encuentra en pleno proceso de discusión en la Legislatura Porteña y en muchos barrios de la Ciudad. El Nuevo Código, que reemplazaría al vigente de 1977, ya cuenta con más de una decena de versiones. El GCBA lo presenta como un código que busca homogeneizar y densificar la ciudad, haciéndola a su vez más sustentable e integrada.
Organizada por el Centro de Estudios Metropolitanos (UMET – UNAJ – UNAHUR), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro de Estudios de Ciudades (UBA), la jornada contó con renombrados especialistas en el tema como Luis Baer (FFyL-UBA), Rosa Aboy (FADU-UBA), Jaime Sorin (UNDAV), Mora Arauz (Fundación Ciudad), Manuel Ludueña (FIUBA), Ana Paula Di Giovambattista (CITRA), Iñaki Álvarez (COPUA), entre otros. Todos ellos, desde sus distintos campos (urbanistas, sociólogos, economistas, politólogos) expusieron problemas del proyecto oficial. Hubo acuerdo en la necesidad de trabajar en un nuevo código, pero no en la dirección que plantea el oficialismo porteño.
Adriana Clemente, Directora del CEC-UBA, abrió la jornada con un llamado a coordinar esfuerzos y consensuar argumentaciones para así fortalecer un campo de emisión crítico que pueda defender las identidades barriales y a los sectores más desprotegidos.
Matías Barroetaveña, Director del CEM, celebró el debate y convocó a multiplicarlo en cada barrio de la Ciudad: “Pocas normativas impactan más en la vida de los vecinos que un código urbanístico. Este tipo de leyes le dan forma a las ciudades; definen alturas, densidades, precios, accesibilidad. Impactan en cómo, dónde y quienes viven y trabajan en la ciudad. Los porteños deberían poder debatirlo en profundidad antes de que sea aprobado. Es una lástima que no se haya incorporado una mirada metropolitana y que se dejen de lado mecanismos para garantizar los derechos básicos a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable”, agregó.
Fernando Fimognare, responsable del área de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, llamó la atención sobre “la ausencia de la problemática vinculada al acceso justo al hábitat, sobre todo de los sectores populares. La referencia a la integración socio urbana es pobre y no mandatoria, tal cual debiera ser. Es una suma de buenas voluntades. No hay referencia a cómo el Estado puede regular el mercado inmobiliario”.
Eduardo Reese, del CELS, centró su exposición en el eje inclusión-exclusión. En ese sentido fue muy crítico de la neutralidad con la que el GCBA aborda la tensión entre los desarrolladores inmobiliarios y los vecinos. “Esta es una falsa neutralidad porque todos sabemos que en esa disputa siempre ganan los más poderosos. Una ciudad con más derechos hay que pagarla y la tienen que pagar los que más tienen”, sostuvo.
Manuel Ludueña (FIUBA) remarcó la problemática ambiental y de movilidad, problemáticas no consideradas en el Código y que pueden conllevar graves problemas en un futuro próximo. Luis Baer (FFYL-UBA) crítico la falta de integración de este Código con otras normativas. Consideró que debería ser una pieza más de un sistema de planificación. Jaime Sorin planteó los problemas de movilidad que tiene el proyecto que no plantea, l, por ejemplo, cómo resolver la imposibilidad de cruzar la ciudad entre sur y norte; una imposibilidad que fortalece las desigualdades espaciales. Rosa Aboy, por último, se mostró preocupada por los efectos de la gentrificación y la falta de protección que este Código no resuelve.
En el cierre, distintos organizaciones y especialistas se comprometieron a presentar propuestas de modificaciones, particularmente las referidas a la integración socio urbana.
