Agustín PineauA partir del Decreto 297/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 20 de marzo de 2020, se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, disposición que se adoptó en el marco de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19.
En esa situación, el confinamiento estricto tuvo como objetivo dotar al sistema de salud de las capacidades necesarias para enfrentar la situación y, al mismo tiempo, evitar la propagación del virus.
La adopción de esta política restringió la movilidad de las personas, teniendo como consecuencias una aguda parálisis la actividad económica, en donde se observó una considerable caída en la producción y en el consumo, sobre todo durante el transcurso de los meses de abril y mayo. Esta situación, tuvo su correlato en los niveles de empleo y en los ingresos de la población. En ese sentido, el gobierno nacional procuró desarrollar una serie de medidas orientadas a los trabajadores formales e informales, con el propósito de aplacar los efectos de la crisis producto de la pandemia.
Entendemos por informalidad a todos aquellos trabajadores que poseen empleos sin aportes a la seguridad social y que se encuentran por fuera de las normativas del derecho laboral. En algunos casos son asalariados no registrados o trabajadores que realizan sus actividades de forma independiente.
En primer lugar, destacamos que las medidas de aislamiento afectaron las posibilidades de generar ingresos para los sectores que se encuentran en una situación de informalidad en el mercado de empleo. Debemos contemplar que las dificultades para movilizarse producto del confinamiento perjudicaron de manera diferenciada a este grupo social, en donde sus capacidades de desplazarse poseen una asociación directa en sus posibilidades de ingreso. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue elaborado con una amplia cobertura para los sectores más vulnerables, que fueron los que se vieron sumamente afectados.
En segundo lugar, señalamos que para el sector formal se llevó adelante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en donde su procuró preservar los puestos de empleo ante la inactividad operativa de las empresas producto del confinamiento. El ATP estableció que el Estado se haría cargo de un porcentaje de las remuneraciones, con el doble objetivo de preservar las capacidades organizacionales de las empresas y de sostener los puestos de trabajo. Es relevante subrayar en este punto, el acuerdo tripartito entre el Estado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que fue de suma importancia para poder aplacar la pérdida de puestos de trabajo registrado en el sector privado.
El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis de la situación de los trabajadores informales y formales durante Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) producto de la pandemia del COVID-19. En el primer apartado, desarrollaremos un análisis sobre la situación de los trabajadores informales, dando cuenta de la situación del mercado de empleo previo y durante los primero meses del confinamiento. Agregamos también un análisis de las características poblacionales de quienes accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), abonado entre abril y mayo de 2020. En el segundo apartado, nos detendremos en el análisis de los trabajadores formales y cómo ha impacto la pandemia en la evolución del empleo. Finalmente, buscaremos enunciar algunas reflexiones a modo de conclusión, en función de considerar las problemáticas que se presentan y realizar una evaluación de las medidas tomadas en materia para un mercado de trabajo de carácter dual y segmentado.
