CEMEl Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, es el primer instrumento ambiental regional de los países de América Latina y el Caribe. Fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, suscripto por 24 países el 27 de septiembre de ese año y ratificado luego por doce países, entre ellos la Argentina, en donde entró en vigencia el 22 de abril de 2021.
El Acuerdo busca consolidar y potenciar los derechos de los ciudadanos a acceder a la información, a participar en igualdad de oportunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan o pueden afectar el ambiente y la calidad de vida, así como también acceder a la justicia en temas ambientales; derechos que resultan fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible.
Se trata, entonces, de un tratado de derechos ambientales y derechos humanos que contempla además una especial protección a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Distando de ser un convenio perfecto, el Tratado de Escazú constituye un hito fundamental para las relaciones internacionales, la sostenibilidad y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. El impacto de su entrada en vigor e implementación en la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente dependerá de liderazgo político, de la capacidad técnica y de la debida presión de la sociedad civil tal como aconteció en la negociación. Los actuales procesos de ratificación dan cuenta que ya se está en ese camino.
