El 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Ambiente, con el fin de promover mayor conciencia ambiental y fomentar acciones que se orienten hacia su protección y cuidado.

Contaminación, inundaciones, déficit de espacios verdes, arbolado urbano y falta de acceso a bienes y servicios básicos como agua potable, cloacas, mala gestión en los residuos sólidos urbanos y  la privatización de la ribera son algunas de las principales problemáticas ambientales urbanas de la Ciudad de Buenos Aires. 

En un reciente informe sobre la gestión de los residuos se observó que aún hoy tras 18 años de contar con la Ley de Basura Cero que promueve el reciclado y la recuperación de materiales se sigue enterrando cada día alrededor de 6 mil toneladas de basura en los rellenos del conurbano. Hay confusión generalizada sobre el uso de los contenedores, poca información sobre cómo deben separarse los residuos y una descarga total de responsabilidad de la política de reciclado en las 12 cooperativas de cartoneros que trabajan en la Ciudad. 

Por otro lado, si hablamos de la política de gestión acerca de los espacios verdes y públicos, el gobierno porteño dice que existen alrededor de 6 m2 de área verde/habitante, cifra muy por debajo de la recomendada y difícil de constatar en la práctica. Los últimos anuncios del jefe de gobierno porteño sobre las“65 manzanas nuevas de espacios verdes, gratuitos y libres para todos los que viven, visitan y vienen todos los días a la Ciudad” muestran la tremenda necesidad de ampliar la cantidad, distribución y calidad de los espacios verdes.

La gestión de la ribera es crítica: emprendimientos inmobiliarios que bloquean el mayor regulador climático natural que posee Buenos Aires (el Río de la Plata), donde la  planificación urbana contradice la necesidad de reducir el impacto de las altas temperaturas o ¨islas de calor¨ en la Ciudad. Las pocas superficies de vegetación (falta de espacios verdes y de arbolado urbano) incrementan a la temperatura superficial y contrariamente a lo recomendado por especialistas, se insiste en desarrollar megaobras y torres de lujo.

Por otra parte, éstos proyectos -que proponen modificar la costa porteña- evidencian también que la métrica adoptada para caracterizar “cuán verde es la Ciudad” consiste en la sumatoria de metros cuadrados verdes sin una evaluación de las características, calidad, condiciones, desconociendo que servicios ambientales “reales” prestan. Varias de las iniciativas del “Plan BA COSTA”  implican ocupación, modificación de la costa y desarrollo en áreas ambientalmente críticas como es el caso de lo diseñado para el área de la Reserva Ecológica, o la disminución del suelo absorbente que implican por su magnitud los emprendimientos del Distrito Joven y Costa Urbana. Además, se omite la necesidad de analizar si la infraestructura disponible es suficiente para atender los requerimientos de los proyectos. 

Desde el Centro de Estudios Metropolitanos entendemos que el estado debe recuperar su rol activo en la responsabilidad de planificar y gestionar soluciones para la regulación y organización del proceso urbano-territorial, asumiendo el papel de instancia articuladora, capaz de asegurar el equilibrio social y ambiental. Se debe promover un paradigma urbano donde los ciudadanos puedan concebir, sentir y decidir la ciudad, y elegir el nivel de vida y hábitat adecuado. Desde los distintos sectores debemos abonar por una ciudad equitativa, con pleno ejercicio de derechos, resaltando su dimensión colectiva y comunitaria, sosteniendo su función social, ambiental y ecológica; e impulsando nuevos derechos urbanos que surgen de la relación de los ciudadanos con su territorio, el espacio y su hábitat.