CEMA 40 años de democracia, el área de Trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos analizó la evolución de los principales indicadores laborales de las últimas 4 décadas y su relación con los distintos procesos políticos y económicos que vivió nuestro país.
El informe observa que las gestiones que privilegiaron modelos más expansivos económicamente y más inclusivos en lo social, con mayor presencia del estado en el ordenamiento económico, muestran los datos más positivos. Lo vemos en el crecimiento del número de trabajadores y en la baja desocupación durante el período 2004-2012. En cambio, los gobiernos que desarrollaron políticas regresivas exponen los peores números. El aumento de la desocupación y la caída de la tasa de empleo durante el menemismo, y durante el macrismo son claros ejemplos de esto.
Durante el período kirchnerista (2003 a 2015) se crearon 2,7 millones de puestos de trabajo, mientras que durante el gobierno de Cambiemos se observa una caída de los indicadores laborales con un saldo de 136 mil trabajadores menos en el sector privado registrado. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) el crecimiento de la actividad se tradujo contradictoriamente en el mercado de trabajo. Se mantuvieron niveles relativamente bajos de desocupación, pero el aumento en la tasa de empleo estuvo traccionado fundamentalmente por el trabajo asalariado informal y por el cuentapropismo precario. A la vez, los altos niveles de inflación repercutieron en el deterioro de los ingresos de los trabajadores.
Al comparar los datos actuales con los datos de hace 10 años, puede verse que la cantidad de personas con trabajo registrado varió de forma diferente según la modalidad ocupacional. Mientras el empleo asalariado en el sector privado creció solo un 1% en la última década, otras modalidades crecieron mucho más. Por ejemplo, los monotributistas crecieron un 39% y los monotributistas sociales crecieron un 176% en la última década. Esto quiere decir que, del total de puestos de trabajo registrado creados en los últimos 10 años, solo el 5% corresponde a puestos de asalariados en el sector privado, el 43% son puestos asalariados en el sector público, el 30% por monotributistas y 18% por monotributistas sociales.
El informe concluye que el mayor desafío de la democracia en materia laboral es la necesidad de implementar políticas que generen cambios en la matriz productiva que den lugar a la creación de trabajo genuino y de calidad que conduzcan a un mayor bienestar y un desarrollo humano pleno de la población que vive de su trabajo.
