Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, y en el caso de Argentina ese porcentaje asciende a 92%. La pandemia del COVID-19 está afectando principalmente a la población de los grandes núcleos urbanos y las zonas más pobladas, donde su propagación es mayor. En la Ciudad de Buenos Aires, este virus vino a demostrar y a exacerbar las grandes desigualdades territoriales.

A medida que la pandemia de Covid-19 permite levantar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las grandes ciudades enfrentan el desafío de retomar sus actividades manteniendo el Distanciamiento Social junto con las nuevas normas de higiene y cuidado de los espacios públicos. Múltiples experiencias de los lugares del resto del mundo que ya empezaron a flexibilizar actividades proponen políticas públicas que Buenos Aires puede analizar para implementar. 

El gobierno porteño busca legislar sobre los alquileres turísticos sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en la crisis habitacional que existe en la ciudad. Además, el proyecto de ley no tuvo instancias participativas ni de discusión.

De Airbnb hay muchas noticias y pocos datos. La plataforma creada en 2008 ya está valuada en más de 35 mil millones de dólares y tiene más de 6 millones de ofertas en 100.000 ciudades -más que las plazas de las seis mayores cadenas hoteleras juntas. Sin embargo, en la medida en que la empresa no abre los datos masivos que administra, la información sobre cómo evoluciona este mercado de alquileres temporarios -que es clave para poder gestionar sus impactos en las ciudades- es difícil de construir.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Asociación Civil Inquilinos Agrupados apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sentencia de la cámara en lo contencioso y administrativo n° 2, que califica como inconstitucional el artículo 2 de la ley de alquileres, el cual prohíbe el cobro de comisiones inmobiliarias al inquilino.

“París le exige a Airbnb el pago de 12.5 millones de euros por las multas a miles de ofertas ilegales, mientras la alcaldesa busca reducir el permiso de los alquileres temporarios de 120 a 30 noches por año. La alcaldía de Nueva York denuncia a una inmobiliaria por utilizar la plataforma para alquilar viviendas no registradas. El gobierno de Barcelona obliga a bajar tres mil anuncios de propiedades que no tienen licencias para alquiler de corto plazo.

La economía digital está transformando las relaciones de producción y consumo, en muchos casos introduciendo cambios profundos y acelerados en las formas tradicionales de circulación de bienes y servicios. Desde las conocidas empresas de viajes a demanda, hasta el cuidado de personas o intercambios no monetarizados de juguetes, pasando por servicios financieros.