CEMEn todas las ciudades en las cuales se desplegaron las plataformas de alquileres temporarios, se agravó el problema del acceso a la vivienda para quienes viven en esas ciudades. Argentina no es la excepción.
Esta nueva investigación del Área Urbana del CEM revela que hay casi 30.000 ofertas activas de alquileres temporarios en las 22 ciudades argentinas y que el 89% son viviendas que se alquilan completas.
Ante esta situación, Guadalupe Granero, coordinadora del área Urbana, afirma: “Mientras el déficit habitacional en Argentina crece, hay que controlar dinámicas que, como el crecimiento de los alquileres temporarios, contribuyen a agravarlo. Es urgente coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno para generar información adecuada e implementar acciones que regulen la actividad, con la premisa de garantizar el derecho a la vivienda”.
El aumento de los anfitriones corporativos y multi-anfitriones, por otro lado, también indica que se está produciendo una concentración en el mercado de alquileres temporarios, lo que podría dificultar la competencia y reducir aún más la oferta de viviendas para aquellos que buscan alquilar a largo plazo.
“El fenómeno del alquiler temporario vía plataformas pone en jaque desde un nuevo flanco el acceso a una vivienda digna. Se trata de un fenómeno global que en Argentina se aceleró con fuerza en el último tiempo en un contexto macroeconómico que hace cada vez más atractiva la posibilidad de dolarizar ganancias por parte de los dueños de inmuebles. Además, esta actividad toma dinámicas particulares en cada ciudad, aunque tiene un denominador común: el encarecimiento y precarización de un derecho humano que como tal tiene que ser garantizado por el Estado en todos sus niveles”, aporta Fernando Bercovich.
Es necesario que los gobiernos entiendan el fenómeno de los alquileres temporarios como algo que trasciende las dinámicas del turismo, que no es sólo un problema comercial sino que, a su vez, implica impactos urbanos y habitacionales. La legislación nacional o provincial tiene que ser capaz de definir los alquileres temporarios como una actividad diferente al uso residencial y para que tenga una regulación específica.
